Medellín, octubre de 2026. Las comunidades energéticas ganan relevancia en Colombia como mecanismo para reducir costos y fortalecer la autonomía ante eventuales tensiones en el sistema eléctrico asociadas al Fenómeno de El Niño. Se trata de grupos organizados de personas naturales o empresas que se asocian voluntariamente para generar, compartir y utilizar energía de fuentes renovables.
Según estudios de Erco Energía, el modelo permite ahorros que oscilan entre el 20 % y el 35 % del valor total de la factura. La magnitud del beneficio depende de variables como la tarifa vigente, la cobertura de generación instalada, el plazo del contrato y el nivel de aprovechamiento de la energía producida.
Un caso referencial ilustra el potencial: una cadena comercial con 30 locales y consumo de 194.000 kWh mensuales, con facturación cercana a $187 millones, podría reducir sus pagos a aproximadamente $133 millones al conformar una comunidad energética con planta solar de 990 kW. Esto equivale a un ahorro de $53 millones mensuales en un contrato a cinco años. Con plazos de 10 y 15 años, el beneficio podría alcanzar el 32 % y 35 %, respectivamente.
Actualmente existen 14 comunidades energéticas registradas en el país, según información de XM. La figura cuenta con respaldo normativo consolidado mediante la Ley 2294 de 2023, el Decreto 2236 de 2023 y la Resolución UPME 501 de 2024. Existen dos modalidades principales: el modelo PPA, en el cual una empresa especializada asume la inversión, construcción y operación, y el esquema EPC, donde el usuario financia la infraestructura y contrata los servicios de diseño y mantenimiento.
Felipe Basto, responsable del área en Erco Energía, señala que el modelo representa una oportunidad tanto para empresas como para hogares que buscan previsibilidad en los costos energéticos y avanzar en el uso de fuentes limpias.
Las comunidades energéticas se perfilan como una alternativa viable y regulada que transforma la relación de los usuarios con la energía. Al permitir que varios actores compartan una misma infraestructura de generación renovable, el modelo no solo reduce el costo del servicio, sino que también contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Con un marco jurídico completo y casos de funcionamiento comprobado, esta figura podría consolidarse como una de las principales herramientas de transición energética en Colombia durante los próximos años.
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